DERECHO A LA INTIMIDAD Y ESPIONAJE TELEFÓNICO

Había una vez en la que la vida de las personas en la sociedad dominicana estaba respaldada por una garantía constitucional que se denomina “Derecho a la Intimidad”, solo un personaje tenia la facultad ilegal de hurgar en las vidas privadas de los políticos, empresarios y hombres de sotanas, es decir, las elites de poder del país. Claro que las informaciones que recababa ese personaje eran para uso exclusivo de esas mismas elites de poder. Hoy sabemos que ese personaje era temido y adulado a la vez por cada una de las personas que tenía cierta cuota de poder, sea para obtener información de él, algún enemigo político o competidor. Quizás porque sabía que el personaje tenía informaciones comprometedoras sobre su vida privada.

No era para menos, el poder político, empresarial o religioso siempre ha tenido en sus estructuras practicas tan siniestra como cualquier organización criminal al estilo La Cosa Nostra-organización criminal siciliana del siglo XIX-que valiéndose de toda clase de informaciones extorsionan a sus enemigos para que sean sus aliados o lograr desarticularle. Tanto servicio le prestó el personaje aludido al Estado Dominicano que terminó su carrera con una pensión por meritos en el servicio (Acento.com.do, de fecha 15 febrero 2015, Gustavo Olivo Peña).

Superada esa época de espionajes, debíamos suponer que esa tecnología y capacidad de indagar ilegalmente la vida privada de las personas, tenía que ser utilizada por el Estado para una obra más importante a favor de los ciudadanos, que formando parte de la sociedad de la tecnología y la información confiaban en sus instituciones estatales, así las investigaciones a organizaciones criminales-no políticas-que cada vez se han tecnificado más y mejor, debía ser uno de los usos que el Ministerio Publico le asigne a los instrumentos tecnológicos de espionajes y el personal adiestrado para esos fines, sin embargo, llegamos a un momento donde esa maquinaria estatal que debe estar al servicio de la lucha en contra del crimen organizado, está siendo utilizada con los mismos fines que era utilizada en el siglo pasado. Es una especie de reivindicación o desagravio al viejo personaje por todas las criticas de las que fue objeto su “loable” trabajo.

Lo preocupante de todo estas intervenciones telefónicas sin sustento legal es que la Constitución Dominicana en su artículo 44 numeral 3 es clara cuando establece “…Es inviolable el secreto de la comunicación telegráfica, telefónica, cablegráfica, electrónica, telemática o la establecida en otro medio, salvo las autorizaciones otorgadas por juez o autoridad competente, de conformidad con la ley”, por tanto cada vez que se realiza una intervención telefónica sin que exista un proceso penal en contra del titular de la línea intervenida, se violenta sin el mínimo rubor, la constitución dominicana.

Peor situación, es la que se presenta en casos criminales de gran importancia para la seguridad ciudadana y el control de la delincuencia, pues aunque existen mecanismos para obtener información fácil, sin inversión de grandes recursos, los casos se estancan en las distintas oficinas del Ministerio Publico por falta de interés de los investigadores en dar respuestas a la población y a las víctimas directas de los casos. Se obstaculizan los procesos bajo el argumento de que están investigando, pero cuando se indaga las diligencias realizadas en la investigación son nulas. En algunos casos aun existiendo evidencias suficientes para enjuiciar personas que han cometido crímenes graves en contra de la ciudadanía, se extravían los expedientes, maltratan a las víctimas que insisten en que se haga una investigación, en fin cierran el acceso a la justicia de victimas indefensa, quedando sin poder accionar en la justicia, deben conformarse en ver sus verdugos paseándose por las calles como si nada hubiesen hecho.

El país que soñó Duarte, Sánchez y Mella, le falta que las autoridades se ocupen de lo que en realidad necesita la sociedad dominicana, que cuando juren cumplir y hacer cumplir la Constitución y las Leyes lo hagan a favor de la sociedad que confió en ellos, dado que lo que hemos vistos es lo contrario, que cuando llegan a los órganos de poder, quienes realmente sufren las consecuencias de la falta de protección son los más vulnerables.

Está bueno ya de utilizar los recursos que nos sacan de los bolsillos para perseguir a jueces, empresarios y enemigos políticos con el solo fin de extorsionarlos. Que los recursos sean utilizados para dar respuestas a la sociedad víctima de los criminales que cada día nos mantienen encerrados en verjas con miedo a salir a las calles.

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