La Defensa Pública; números y las voces por más presupuesto

La Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) “es un órgano del sistema de justicia dotado de autonomía administrativa y funcional, que tiene por finalidad garantizar la tutela efectiva del derecho fundamental a la defensa en las distintas áreas de su competencia”. El servicio se ofrece en todo el territorio nacional atendiendo a los criterios de gratuidad, fácil acceso, igualdad, eficiencia y calidad, para las personas imputadas que por cualquier causa no estén asistidas por abogado” (Art. 176 de la Constitución).

La finalidad de la Defensa Pública es “proporcionar defensa y asesoramiento técnicos a los imputados que por cualquier causa carezcan de abogado, así como también llevar a cabo cualquier acción que, conforme a la política institucional, tienda a asegurar los derechos de los asistidos” (Art. 2 de la Ley 177-04).

En el mes de diciembre pasado, fue designado previo concurso de oposición, el Lic. Rodolfo Valentín Santos como Director Nacional; y quien conocedor como el que más de la Institución, ya que nació de sus entrañas y fue uno de sus más brillantes litigantes, ha manifestado que la carga laboral del Defensor Público es alarmante y que por ende la ONDP necesita de mayor asignación presupuestaria para la realización de más concursos públicos para preparar y designar más Defensores Públicos.

Por igual, la Asociación de los Defensores Públicos se queja de los bajos salarios que reciben en proporción al trabajo realizado y consientes del bajo presupuesto asignado por el Estado, han encaminado acciones exigiendo al Gobierno Central la asignación de más recursos a la Institución.

En números:

En el primer trimestre del 2019, entre los meses de Enero a Marzo, espacio de tiempo que tuvo 60 días laborables de los 90 calendarios, conforme a un informe colgado en la página de la Institución, la Defensa Pública publicó las estadísticas siguientes:

En la etapa preparatoria, dígase Medidas de Coerción, Revisión de Medidas de Coerción, Interrogatorios, Cámara Gesell, entre otros, los Defensores Públicos, participaron en 4,441 vistas, de las cuales 3,104 se conocieron; 1,307 se suspendieron y 30 fueron recesadas. En la Etapa intermedia participaron en 3,927 audiencias preliminares de las cuales se conocieron 1,063; 2,857 se suspendieron y unas 7 audiencias fueron recesadas.

En la etapa de juicio, se conocieron 1,473 fondos, se suspendieron 2,931; 256 fueron recesadas y en 17 se presentaron incidentes, para una sumatoria participativa de 4,677 audiencias.

En suma, los defensores públicos en los primeros tres meses del 2019, dieron calidades en 13,045 audiencias, de las cuales 5,645 se conocieron. Estos números representan alrededor del 70% de los casos penales de todo el país.

En Materia Recursiva:

Instrumentaron y depositaron 223 Recursos de Apelación de Sentencia y 154 Recursos de Casación. Así mismo, 232 Apelaciones de Medidas de Coerción, 550 Revisiones de Medida y 151 Cese a la Prisión Preventiva para una sumatoria de 1,310 acciones tendentes a la modificación o nulidad de la sentencia y a la variación de la medida de coerción.

En Materia Constitucional, depositaron 97 Habeas Corpus y 12 Amparo.

Se contabilizaron 1,125 visitas carcelarias y 1,674 a los destacamentos. Así mismo 1,109 agilización de libertad, de las cuales, 761 fueron en sede Policial, 159 en las Fiscalías y 189 ante los Jueces de la Ejecución de la Pena.

Solicitaron 780 extinciones, 3,294 certificaciones, 717 Trabajos Sociales e impartieron 45 Charlas. De la misma manera, solicitaron y participaron en decenas de otras actividades semejantes.

En el mismo periodo entregaron alrededor 900 informes ordinarios.

Es así que tomando en cuenta que en varias entrevistas en medios de comunicación, el Director Nacional ha establecido que la demanda del servicio de defensoría penal está requiriendo de 500 Defensores Públicos y que en la actualidad hay 119 Defensores Públicos, y que aunque también se suman 149 Abogados Adscritos Contratados y 7 Abogados de Oficio, podemos concluir que la carga laboral es excesivamente alta. Estamos hablando que un defensor está llevando la cantidad de casos que deberían llevar dos defensores.

En esas atenciones, los números señalados dan la razón al Director Nacional y a la Asociación de Defensores Públicos en sus reclamos para que el Gobierno les asigne mayor presupuesto a los fines de eficientizar sus servicios y dignificar con un salario justo a los miembros de la Defensa Pública.

 

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